Maracaibo, 08 de octubre de 2026.— En sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Maracaibo sancionó por unanimidad la reforma a la Ordenanza sobre Tenencia, Control, Defensa y Protección de los Animales y sus Derechos en el Municipio.
Este marco normativo, compuesto por 13 títulos y 16 artículos, actualiza la legislación local para adecuarla a los más altos estándares internacionales de bienestar animal, ofreciendo herramientas jurídicas y operativas frente a los casos de maltrato e impulsando la prevención en materia de salud pública municipal.
Dessiree Fernández, presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, destacó la trascendencia y la dimensión ética del proyecto aprobado por el cuerpo edilicio: “El humanismo y la conciencia ecológica deben imperar en nuestras instituciones. La atención integral a los animales y la puesta en marcha de un servicio de columbario digno no solo atienden una demanda histórica de los maracaiberos, sino que educan a las futuras generaciones en los valores de la empatía, el respeto y la responsabilidad ciudadana”.
Servicios inéditos y nuevo régimen sancionatorio
Entre las principales innovaciones del instrumento legal destaca la incorporación del artículo 63, el cual crea oficialmente el Servicio Crematorio Municipal y el Columbario para Animales bajo la competencia exclusiva del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).
Esta iniciativa garantiza el tratamiento sanitario, la incineración y el resguardo digno de los restos de animales domésticos y comunitarios, asegurando además esquemas de gratuidad o tarifas sociales para aquellas familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Sobre el impacto de este avance institucional y sanitario, la doctora Polly Urribarrí, presidenta del IMPA, enfatizó el liderazgo de la capital zuliana “hoy hacemos historia. Maracaibo hace historia junto al Concejo Municipal, los movimientos proteccionistas y todo el equipo del Instituto. Nos convertimos en pioneros en Venezuela con un articulado vanguardista que protege de forma integral a nuestros animales, reforzando de manera contundente el compromiso social y sanitario con la ciudad”.
En este mismo contexto, el concejal Luis Morillo, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para el Ecosocialismo, Protección Animal y Manejo de Desechos Sólidos, ratificó la solidez técnica del instrumento “este cuerpo normativo sancionado de forma unánime permite generar la concertación necesaria para responder a las nuevas realidades urbanas. Garantizamos un marco sancionatorio riguroso, respaldado por más de 35 supuestos jurídicos ajustados a la moneda oficial del país, elevando definitivamente el bienestar animal al eje central de las políticas públicas locales”.
En el ámbito punitivo, la ordenanza desincorpora la figura del Petro y fija las multas mediante la tasa oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
De esta manera, las infracciones leves contemplan sanciones de 50 a 300 veces el tipo de cambio oficial, mientras que las faltas graves se calcularán entre 301 y 2.500 veces dicha tasa, incluyendo la facultad de retener o decomisar el ejemplar e iniciar acciones penales concurrentes.
Asimismo, para aquellos infractores que demuestren imposibilidad de pago, la norma dispone medidas alternativas de 120 a 200 horas de trabajo comunitario o la asistencia obligatoria a programas de formación en protección ambiental.
Respecto a la sostenibilidad financiera, los recursos recaudados a través del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) serán redistribuidos estratégicamente: un 5% se asignará al Instituto Autónomo de Policía Municipal, un 7% cubrirá deducciones de ley del municipio y el porcentaje restante se transferirá directamente al IMPA para financiar sus programas permanentes de esterilización masiva, consultas veterinarias gratuitas y mantenimiento de infraestructura.
Con la aprobación definitiva de este texto legal, Maracaibo consolida un modelo legislativo de referencia nacional que transforma el bienestar animal en una política pública prioritaria, articulando la salud pública, la sanción efectiva del maltrato y la protección de los animales domésticos y comunitarios.
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