El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, formalizó este viernes 12 de junio una denuncia internacional por un nuevo y masivo vertido de crudo originado en aguas territoriales de Trinidad y Tobago, el cual ha avanzado hacia el Golfo de Paria y las costas del extremo oriental venezolano, impactando severamente a los estados Sucre y Delta Amacuro.
A través de un informe de la cancillería difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, se confirmó mediante un riguroso análisis con imágenes satelitales que la escala de este desastre supera con creces al primer derrame denunciado el pasado 9 de mayo, un evento previo que ya había contaminado más de 1,600 kilómetros cuadrados de superficie marina y costera.
Las autoridades técnicas del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) alertaron que este nuevo desplazamiento de contaminantes oleosos incrementa exponencialmente los riesgos de ecocidio en zonas críticamente vulnerables como manglares y humedales estratégicos, amenazando de forma irreversible la biodiversidad de cuatro parques nacionales protegidos de la región Península de Paria, Turuépano, Mariusa y la Reserva de la Biosfera del Delta del Orinoco y poniendo en peligro a más de 140 especies marinas y costeras.
En el plano económico y social, esta emergencia petrolera ha paralizado por completo la actividad de más de 500 pescadores artesanales locales debido al daño estructural en sus redes y a la grave contaminación de los recursos hidrobiológicos, comprometiendo directamente el sustento familiar y la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas.
Ante este panorama, el canciller venezolano denunció el reiterado incumplimiento de los convenios internacionales por parte de Puerto España, en especial los protocolos de la Convención de Ginebra sobre derrames en el Mar Caribe, fustigando el hermetismo y la alarmante inacción inicial de las autoridades trinitenses y de su ministro de Energía, Roodal Moonilal, quienes inicialmente negaron el avistamiento de remanentes en superficie a pesar de los datos aeroespaciales recabados; debido a esto, Venezuela ratificó que se reserva de forma firme todas las acciones legales ante los tribunales e instancias internacionales competentes con el firme propósito de obligar al Gobierno de Trinidad y Tobago a asumir plenamente su responsabilidad política, técnica y económica, exigiendo la entrega inmediata de la ficha técnica del hidrocarburo vertido junto con la indemnización y el resarcimiento monetario total por los incalculables daños ecológicos provocados.
Pasante: Génesis Linares
